El Congreso JuegoForum organizó una mesa compuesta por reconocidos juristas. Santiago Moreno, Miguel García y Carlos Lalanda hablaron sobre "Experiencias y tendencias de los desafíos regulatorios".
Moreno destacó que la genésis de las leyes en tramitación es "muy negativa" y que las iniciativas legislativas deben estar presididas por la buena regulación basada en la proporcionalidad, seguridad jurídica, estabilidad y predicibilidad. "Los últimos textos legales se alejan de estos principios de buena regulación".
Según Moreno se ha regulador al dictado de un "populismo exacerbado y sectario. En vez de regular el juego lo han constreñido y reducido".
Como recomendaciones al sector Moreno insta a "recurrir al Tribunal de Justicia, como ha sido el caso en la Comunidad Valenciana". Calificó la situación en dicho territorio de "escenario nefasto". Concula la Constitución y la Normativa Europea en relación a la libertad de prestación de servicios. Moreno adelantó que las dos enmiendas a la Ley del Juego valenciana permitirán la renovación de los salones independientemente de la distancia de 850 metros y que los bares puedan incorporar nuevas máquinas.
Miguel García cargó las tintas en el funcionamiento del sector. "Hay gente, empresas, que huyen del debate y eso no se entiende. Que no creen necesario intercambiar ideas porque quieren imponer las suyas". García expuso los dos criterios para negociar con la Administración: discreción y no mentir. "Pero el sector cambió y pasó a ver que era mejor hablar con políticos de más altura y eso hizo que se pusiese en riesgo al sector", manifestó. Censuró que algunos empresarios en su afán por crecer desmesuradamente propiciaran medidas más restrictivas para los salones.
"El sector puede iniciar ahora una buena senda, un buen camino y que se vuelva a los principios de respeto, decir la verdad y no hacer nada extraño", dijo. Analizó la modificación del reglamento de máquinas de Extremadura que "contiene una ilegalidad porque se obliga a disponer a los salones de un control de acceso biométrico dactilar o facial ya que vulnera la Ley 19/13 que impide a la Administración establecer controles biométricos de este tipo".
Carlos Lalanda consideró que "el espíritu regulador se ha dispersado y ahora quien regula son las asambleas, los políticos. Los directores generales son promotores pero no son los reguladores propiamiento dicho". Lalanda aseguró que es dificil "llegar a una idea general de lo que se está tramitando". Repasó las iniciativas legislativas de Castilla y león, Canarias, Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid además de la de Galicia.
